Desde los 90’s en México se comenzó a crear u otorgar autonomía a diversos órganos a nivel constitucional. La primera generación de estos fueron Banxico, el INE (antes IFE) y la CNDH.
La segunda generación incluyo a órganos como el INEGI, COFECE, IFT, CONEVAL, INAI, la Fiscalía General de la República y el desaparecido INEE.
Desde el punto de vista de las funciones máximas del Estado, se distinguen legislación, la ejecución y la jurisdicción y los órganos o instituciones que las desempeñan son los órganos soberanos del Estado, ubicados en su máxima jerarquía.
Pero a partir de los 90, la Constitución asignó funciones a instituciones no soberanas (pues no se pueden reglamentar a sí mismas, sino por el mandato que les da la constitución), pero gozan de total autonomía. Estos órganos se caracterizan por su potestad para ejercer funciones públicas para frenar, controlar y equilibrar a los órganos tradicionales; por lo que la Constitución, los coloca en un lugar de relativa igualdad e independencia.
Estos órganos autónomos sirven para crear normas sin participación gubernamental, desde luego, asociadas con sus funciones específicas y tienen capacidad sobre las materias de decisión y las normas para validar la coerción institucional. La creación de éstos obedece a varias causas, desde el punto de vista de la administración pública, pretenden contribuir a la despartidización, des-corporativización y democratización de los órganos de gobierno del Estado.
Responden también a la perdida de la confianza ciudadana y están llamados a jugar un papel importante basado en que, funcionarios de origen ciudadano se encarguen de importantes áreas de la administración, con autonomía de los partidos políticos; por otra parte, está la eficiencia en la gestión, ya que como requisito para ocupar los puestos requiere reconocida trayectoria profesional, formación especializada y capacidad técnica, no vinculación con partidos y esto crea un círculo virtuoso de imparcialidad.
Algunos críticos denuncian que estos órganos autónomos debilitan al gobierno al crear problemas de coordinación institucional y distorsión a la división de poderes y aunque estos argumentos son inconsistentes, generan un debate que permanece abierto. En nuestra democracia estas instituciones juegan un papel vital, ya que sirven como termómetro en la actuación gubernamental, como árbitro en relaciones entre particulares y gobierno y dan certeza en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son los órganos autónomos y su función: *El INEE desapareció en este sexenio
Publicado en Twitter por @bruno_eli el 25/06/2020