Blanco, cuadrado y sin huevos… esa es la descripción de nuestros gobernantes en la aplicación de la ley en nuestro país desde hace alrededor de 50 años.
El costo político de aplicar la ley ante los destrozos en manifestaciones, toma de casetas, secuestro de camiones (y choferes) y toda clase de saqueos y daños a propiedad pública o privada es demasiado alto para que nuestros políticos lo quieran pagar.
La represión sucedida en el ’68 y en el ’71 dejó a la clase política no solo en renuencia sino en pánico de aplicar la ley; no estoy hablando de la violación de los derechos humanos, sino la procuración de justicia de forma pronta y expedita
Los grupos de choque no son nada nuevo en este país, claro ejemplo los halcones que en 1971 ejecutaron la matanza del jueves de corpus; un grupo que actuaba bajo el financiamiento y tutela del gobierno; tema ampliamente documentado; no solo hablamos de los grupos anarquistas, sino en otras ocasiones el corporativismo sindical ha servido de “brazo armado” de fuerzas políticas tanto opositoras como gubernamentales; recordemos a la CNTE o la CTM y otras organizaciones como antorcha campesina, etc.
La misión que tienen estos grupos, es la de reventar manifestaciones, provocar respuestas violentas de la policía, desestabilizar movimientos ciudadanos e incluso a un gobierno; estos grupos son mercenarios de quien les ofrezca alguna canonjía.
Recordemos sus acciones el día de la toma de protesta de Peña Nieto, las acciones en marchas feministas e incluso hace apenas unos días en Guadalajara y la CDMX; Yayita Chein hizo mutis ante esos sucesos y solo condenó la acción policiaca, Quique Alfaro por su parte, desperdició una gran oportunidad al recular y no ejercer acción penal, con respeto a los DDHH y el debido proceso…
Amos un auténtico Pan bimbo.
Confundir represión con aplicación de la ley es ridículo; escribí hace tiempo acerca del monopolio en el uso legítimo de la violencia, la cual es potestad del estado y quien no ejerza la ley terminará reprimiendo; cuando se entrega la potestad de ese monopolio, no solo se torna en un estado fallido, sino que fortalece a todo aquel que se encuentre en la impunidad y la tácita legitimación de la violencia ante la no acción del estado, es una complicidad explicita.
Cualquier abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden público es totalmente condenable e imperdonable, pero no dotarles de protocolos de acción para mantener el orden público es negligente y un atetado contra los derechos inalienables del ciudadano; todo gobernante federal y estatal rinde un juramento:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”
La seguridad es un derecho humano irrenunciable y es una responsabilidad indelegable del Estado, se relaciona con el respeto y la protección de derechos, como la vida, libertad, integridad y patrimonio, entre otros.
Publicado en Twitter por @bruno_eli el 09/06/2020